Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).-“La debilidad del sistema de justicia, la falta de independencia judicial y la conducta criminalizadora por parte de los operadores de justicia hacia poblaciones vulnerabilizadas han contribuido a la impunidad generalizada”, denunció la Coalición Contra la Impunidad Honduras (CCI).

Esta información fue entregada por la CCI mediante una ficha técnica de recomendaciones a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del tercer Examen Periódico Universal (EPU), sobre los derechos humanos, realizado el pasado cinco de noviembre.

“En el Contexto de la Pandemia de COVID-19, el sistema de justicia en Honduras se caracterizó por la ineficiencia, lentitud y fortalecimiento de la impunidad. Los recursos presentados para que se les restituyan los derechos a las víctimas no han funcionado, mientras a los perpetradores les facilita el camino”, subrayó la Coalición.

Impunidad en el sistema de justicia

Además, recalcó que 77 personas vinculadas a los medios de comunicación fueron asesinadas entre 2001 y 2019, y más del 90% de los casos están en la impunidad.

Sumado a ello, el hecho que entre 2001 y 2018, un total de seis mil 265 mujeres fueron asesinadas., con una tasa de impunidad estimada en un 98%.

Por otra parte, de las 331 personas de la comunidad LGTBI que han sido asesinadas desde 2009, sólo se contabilizan 65 casos han sido judicializados.

De igual forma, se reportan 25 casos en impunidad de muertes violentas contra trabajadoras sexuales desde diciembre de 2013 hasta abril de 2018.

No existe fortalecimiento de justicia

“El Estado no ha tenido avances significativos en el fortalecimiento del sistema de justicia. A pesar de la creación de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (UMVIBA), ésta no brinda información sobre el avance de las investigaciones, tal como constata la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y se presume que la mayoría de las 200 muertes violentas de campesinos(as) se encuentran en impunidad”, alertó la Coalición.

Así mismo, comunicaron que la creación de fiscalías especiales como la de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia y la Fiscalía de la Mujer no se ha traducido a una respuesta institucional a la violencia que sufren estas poblaciones. Esto se debe a una agenda de criminalización de las poblaciones como defensores(as) de derechos humanos, sesgos de género en la aplicación de justica y falta de recursos para la investigación de delitos.

Represiva política de Estado

La Coalición, sostiene que es importante que Honduras, erradiqué la Policía Militar, dado que no obtuvo los resultados positivos esperados en cambio es uno de los actores con mayor incidencia con relación a las violaciones de derechos humanos, e intensificar el proceso de profesionalización de la Policía Nacional para garantizar la protección de los derechos

“El enfoque represivo de seguridad del Estado ha producido violaciones de derechos humanos y la persistencia de la situación de violencia en el país. Hay un creciente grado de involucramiento de militares en las funciones de orden público, lo que se ha convertido en una práctica normalizada”, anunciaron.

La Policía Militar entró en funciones con 900 efectivos y actualmente tiene más de 5000. Esta proliferación del uso de fuerzas militares en la seguridad pública ha producido una escalada en el uso excesivo de la fuerza en la represión a las protestas. En el fraude electoral se señaló a las fuerzas de seguridad del Estado como responsables de la muerte de al menos 14 personas.

Algunas recomendaciones realizadas por la Coalición Contra la Impunidad Honduras, al gobierno para que garantice el estado de la justicia y no se perpetúe la impunidad son las siguientes.

Libertad para los presos políticos

Liberar de manera inmediata a los presos políticos Rommel Herrera y Gustavo Cáceres.

Sobreseer de manera definitiva los procesos penales contra Raúl Álvarez y Edwin Espinal.

Abrogar el Código Penal, eliminando los apartados donde se penaliza la protesta social, el aborto, los delitos contra el honor y aquellos donde se atenúan las penas por estupro, incesto y disminución de penas por error sobre la edad en los delitos sexuales.

Desmilitarización de la seguridad pública

Desmilitarizar las funciones de seguridad pública, incluyendo la eliminación de programas como guardianes de la patria y retirando a las fuerzas armadas de la función penitenciaria en concordancia con la sentencia Honduras vs Pacheco-Teruel de la Corte IDH.

Reconocer la competencia del Comité Contra la Tortura de las UN para recibir y examinar las comunicaciones individuales en virtud del artículo 22 de la CCT.

Adoptar las medidas necesarias para la reforma del sistema penitenciario, incluyendo la reducción del hacinamiento, la recuperación del control interno, la separación efectiva entre internos varones e internos mujeres, permitiendo el ingreso sin restricciones a los establecimientos al CONAPREV y organizaciones de sociedad de civil, y dotándolos de los recursos, medios y apoyo institucional que sean necesarios para que cumplan su mandato.

 

Mejorar la efectividad de la prevención, investigación y enjuiciamiento de todas las formas de ataques y crímenes contra defensores de derechos humanos, periodistas, abogados y jueces para reducir su incidencia y combatir la impunidad por estos crímenes y violaciones de los derechos humanos en estos casos.

 

Llevar a cabo una revisión integral y una reforma estructural de la administración de justicia con el objetivo de garantizar la independencia judicial y reducir el creciente número de casos de impunidad.

 

 

 

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