La Coalición Contra la Impunidad (CCI), a la comunidad nacional e internacional comunica lo siguiente:

1- Reconocemos que en el marco del artículo 191 de la Constitución de la República, es un acto democrático formal la sesión que se está celebrando el día de hoy 24 de junio de 2020 en el Congreso Nacional a iniciativa de varios diputados y diputadas de la oposición.

2- Expresamos que dicha sesión está legitimidad por dicho artículo, dado que, “[u]n número de (5) cinco diputados podrán convocar extraordinariamente al Congreso Nacional para sesionar en cualquier lugar de la República, cuando el Ejecutivo, otra autoridad, fuerza mayor o caso fortuito, impidan su instalación o la celebración de sus sesiones”.

3- Considerando que la pandemia del COVID-19 provocó que en fecha 10 de febrero de 2020, el Poder Ejecutivo, mediante decreto ejecutivo PCM-005-2020, declarara un estado de emergencia sanitaria con suspensión de derechos y libertades fundamentales, particularmente el derecho a la libre locomoción.

4- Manifestamos que la Constitución de la República en su artículo 320 garantiza la supremacía constitucional y, por tanto, está por encima de cualquier ley secundaria como la Ley Orgánica del Poder Legislativo (Decreto 363-2020) que está siendo invocada por oficialismo dentro del Congreso Nacional para deslegitimar la citada sesión extraordinaria.

5- Recordamos, a su vez, que la Ley Orgánica del Poder Legislativo fue aprobada ilegalmente el 20 de enero de 2014, fecha en la que el Congreso Nacional ya no podía sesionar, momento que también fue aprovechado para aprobar otros actos lesivos para los intereses generales como la popularmente conocida “Ley de Secretos Oficiales” y la elección de los Magistrados del Tribunal Supremo Electoral, entre ellos, la de David Matamoros Batson, pieza clave en el fraude electoral de 2017.

Por anteriormente expuesto, expresamos:

Primero: Que reconocemos y respaldamos como un acto democrático y constitucional la sesión que se está realizando el día de hoy por parte del Congreso Nacional.

Segundo: Que seguimos sosteniendo que el nuevo Código Penal debe ser abrogado.

Tercero: Que las decisiones que se tomen formarán parte del sistema legal de Honduras.

Cuarto: Que el Congreso Nacional debe representar los intereses generales de la sociedad y no de personas corruptas y de dictadores, por lo que estas sesiones deben servir como una oportunidad para revertir todos aquellos decretos que garantizan la impunidad y la dictadura.

24 de junio de 2020

COALICIÓN CONTRA LA IMPUNIDAD


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