Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La situación de las personas privadas de libertad en el país, es vista con preocupación por sus familiares así como por organizaciones defensoras de derechos humanos, en la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Este miércoles 17 de junio, la Mesa de Seguimiento a recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, demandó al Estado hondureño garantizar la salud, vida e integridad de los privados y privadas de libertad, siguiendo la línea de las recomendaciones de Organismos Internacionales en el marco de esta pandemia.

Es indispensable que esto se realice en articulación con las representantes de los casos, así como las organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales que trabajan por los derechos de las personas privadas de libertad.

“Es de suma preocupación que en este contexto las acciones implementadas por el Estado se han tomado sin brindar información amplia, clara y oportuna”, señaló el espacio de seguimiento a las recomendaciones de la Corte IDH.

Detalles como cantidad de pruebas realizadas; el contenido del protocolo de contención de la pandemia al interior de las cárceles “no se saben detalles importantes”.

Otra de las preocupaciones que expresó este espacio de derechos humanos, es el referente a las medidas de prisión domiciliaria, que son negadas en casos de presos por razones políticas o criminalizadas por su labor de defender derechos humanos, como el caso de los nueve defensores del Río Guapinol, en Tocoa, Colón.

En el comunicado, la Mesa recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que solicitara información a Honduras sobre la situación en las cárceles frente a la pandemia. Con un plazo que venció el 19 de junio.

La Mesa de Seguimiento demandó al Estado de Honduras a que cumpla, de forma inmediata a lo ordenado por la Corte IDH en las sentencias López Álvarez y Pacheco Terruel vs Honduras. Seguidamente, garantizar la salud, vida e integridad de la población privada de libertad, en línea también con las recomendaciones de organismos internacionales en el marco de la pandemia.

Seguidamente, la articulación de organizaciones de derechos humanos, instó al Estado para tomar medidas para erradicar la militarización que se ha instalado en las cárceles del país; garantizar el acceso a información pública, veraz y científica sobre la situación de la pandemia en los centros de detención.

Por último, hizo el llamado a garantizar las personas privadas de libertad puedan mantener comunicación con sus familiares, abogadas y organizaciones de sociedad civil, como han recomendado instancias internacionales.

De acuerdo con cifras estatales, cerca de 120 casos de COVID-19 se registran en la Penitenciaría Central de Támara, en el departamento de Francisco Morazán. Más casos positivos en otros centros penitenciarios del país

Tres recomendaciones de OACNUDH en temas sobre COVID-19 en cárceles

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), expresó su preocupación por la salud de las personas privadas de la libertad en el país, a raíz del incremento de contagios por COVID-19.

 A través de un comunicado, publicado en redes sociales, instó a las autoridades hondureñas a implementar las siguientes recomendaciones:

1-           Fortalecer las medidas de prevención y control de COVID-19 en los centros penitenciarios, así como el acceso a servicios médicos, medicinas y pruebas médicas que permitan detectar de manera oportuna COVID-19, tuberculosis, dengue y otras afecciones médicas que pongan en riesgo a la población penitenciaria.

 

2-           Acelerar los procesos normativos, judiciales y administrativos necesarios para la excarcelación de personas privadas de libertad, priorizando las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad en el contexto de la pandemia.

 

3-           Establecer medidas alternativas para la comunicación de las personas privadas de la libertad con sus familiares, así como mecanismo de información de las autoridades con las personas privadas de libertad y sus familiares sobre su estado de salud y las medidas tomadas en los centros.

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