Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Poder Ejecutivo declaró prioridad nacional el apoyo al sector productor de alimentos y agroindustrias alimentaria, con medidas para asegurar la soberanía y seguridad alimentaria en el PCM-030-2020 y la reforma decretada en el PCM-O41-2020, cuestionada por organizaciones campesinas al estar excluidas  de estas normativas.

“Están aprovechándose de la pandemia de COVID-19 para concesionar las tierras de naturaleza jurídica nacionales y ejidales, todo esto sólo es en pro de la Agroindustria, y nada de involucramiento de los pequeños y medianos productores”, denunció la dirigente campesina, Wendy Cruz, representante de la Articulación de Mujeres de La Vía Campesina.

El artículo 4 del PCM-030-2020, ordena a la Dirección Nacional de Bienes del Estado (DNBE), que en un plazo no mayor de 15 días ponga a disposición de la Secretaria de Agricultura y Ganadería (SAG) las tierras fiscales, nacionales y ejidales que pudiendo dedicarse a la producción agrícola no estén siendo utilizadas y alquilarlas por un monto de Lps.100.00 anuales por manzanas a los productores nacionales del país para el abastecimiento del mercado nacional, quedando bajo la supervisión de la SAG y el Instituto Hondureños de Mercado Agrícola.

“Nos espera una hambruna por la concentración de la tierra en grandes productores, esos PCM son para robar las pocas tierras nacionales y dárselas a las grandes agroindustria,”, avizoró la líder campesina Cruz, en el foro “crisis alimentaria y los nuevos riesgos para las y  los campesinos en Honduras frente al COVID-19”.

Militarización de los territorios

Además, agregó que la situación más difícil es el aumento a la persecución y criminalización de las y los defensores de los  bienes comunes y públicos del país al duplicarse la militarización de los territorios.

“Nos han colocado en mayor vulnerabilidad a la mayoría de la población que vive en pobreza, lo peor es que las mejores tierras de este país las han estado usando para los monocultivos y proyectos extractivos, esto ha generado violencia en las comunidades”, lamentó la campesina, evidenciando un Estado fallido para las mujeres, por los 15 asesinatos de productoras de la tierra integrantes de la Vía Campesina por mantener la lucha de la tierra y el territorio.

Wendy Cruz dirigente campesina /Foto: Conexihon

Al menos el 80 por ciento de alimentos que se producen en el mundo es por manos campesinas, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), detalló la lideresa.

Así mismo, agregó,  “la comida que se comen los hondureños no la hacen las grandes agroindustria, la hacen los pequeños agricultores, están poniendo peligro la seguridad alimentaria de la población, acrecentando  mayores índices de pobreza, migración de mujeres rurales y la desnutrición en la niñez por que no vamos a ser capaz de generar ingresos y comprar alimentos, lo que nos puede salvar de la crisis es un comercio local comunitario”.

Demandas del movimiento campesino

En ese contexto adverso, el movimiento campesino hondureño posiciona una serie de demandas: política de desarrollo rural integral con enfoque de género, un nuevo marco legal que garantice la reactivación del sector agrario y promueva la participación activa del sector campesino, democratizar el acceso a tierra para las y los campesinos, comunidades rurales y pueblos indígenas, la reactivación de Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), cajas rurales, cooperativas agrícolas y bancos comunales para entrega de crédito ágil para el sector campesino, entre otras.

El análisis del Centro de Estudio para la Democracia (CESPAD), sobre la coyuntura desde los territorios sobre el PCM-030-2020 y la agudización de la crisis alimentaria en Honduras sostiene algunos puntos críticos.

Primero que el programa y planificación agrícola carece de una identidad campesina por ende es incapaz de responder a los desafíos del sector agrario, la variedad de programas se ha caracterizado por beneficiar directamente al sector empresarial agroexportador, proyectos que en su mayoría son financiados a través de préstamos internacionales y programas que no han ayudado a reducir las brechas de desigualdades en el campo y asegurar la soberanía y seguridad alimentaria de las poblaciones rurales.

Lo segundo es el debilitamiento de la institucionalidad en clave campesina, al carecer de un enfoque agrario en el sentido de política pública, las acciones en base a programas y proyectos se vuelven contradictorias en su esencia y débiles en la práctica. En ese marco el PCM es un esfuerzo por dar un golpe más a la debilitada institucionalidad agraria, por eso no es extraño que la SAG es la ejecutora de los programas con el acompañamiento exclusivo del sector agroindustrial alimentario y sector financiero.

Tercero, la reconcentración de la tierra en manos privadas el tema de acceso a tierra es de preocupación para el movimiento campesino. Se estableció en el artículo cuatro, que la SAG es la que administrara el control de las tierras cuando está tarea es exclusividad del Instituto Nacional Agrícola (INA).

Desde el liderazgo campesino se sostiene la idea de que dichas tierras van a parar a las manos de los grandes terratenientes y al control de las grandes empresas agroindustriales, ya que el PCM no se refiere a la entrega de dichas tierras al sector campesino, pequeños y medianos productores (as) y en ningún momento se menciona de forma clara y precisa que tipo de contratos serán utilizados para la utilización de las tierras y tampoco define el papel que debe jugar el INA”, anunció el CESPAD en su informe.

Cuarto punto crítico es los programas agrícolas carentes de enfoque de género, las mujeres campesinas prueban que existe una fuerte crítica a la falta de políticas públicas diferenciadas que sean capaces de reducir la brecha de la desigualdad y que faciliten el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y hogares.

El último punto son los parques agroindustriales y la reconcentración de la riqueza, la experiencia de los parques industriales en el sector de la maquila, y en la práctica han conducido a una reconcentración de la riqueza, violación de los derechos humanos de las y los trabajadores, desconexión del precario sistema industrial nacional y el poco margen de maniobra del Estado al momento de reorientar la producción industrial del país.

Foto: Internet 

Riesgos para el campesinado de Honduras

Al mismo tiempo, señalaron que algunos riesgos para el movimiento campesino y comunidades rurales es “el control del territorio y bienes comunes naturales: La actual gestión antidemocrática de la crisis alimentaria y un eventual proceso de reconcentración de la tierra, conllevaría a una nueva oleada del control del territorio por parte de los terratenientes y el sector empresarial, lo cual generaría una serie de contradicciones políticas que conducirían a graves conflictos entre pobladores y comunidades contra el capital por el acceso a tierra y defensa de bienes comunes naturales”.

El artículo 10- del PCM- 030-2020 instruye a los miembros del Comité Técnico Administrativo del “Fideicomiso de Administración Inversión para la Reactivación del Sector Agroalimentario de Honduras”, constituido en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (BANHPROVI), para que sujeto a la disponibilidad de recursos del fideicomiso, pueda ejecutar líneas de crédito y asignaciones de recursos.

El boletín informativo Banca Comercial Pyme de Banco Atlántida del Agro crédito 8.7 porciento, consiste en fondos disponibles de BANHPROVI para el sector agroalimentario y agroindustrial del país, con tasa de interés preferencial de 8.7 por ciento anual, hasta 10 años plazo y asegurados hasta por un 70 por ciento a través de fondos de garantía.

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