Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El Comité Municipal de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, alertaron que la vida de los defensores del rio Guapinol y Sector San Pedro está en peligro por “la negligencia del Poder Judicial”, al mantenerlos encarcelados ilegalmente desde hace más de seis meses.

En medio del estado de excepcionalidad que enfrenta el país por la pandemia del Covid-19 o Coronavirus, el equipo legal de los ocho defensores presentaron un recurso de exhibición personal a Rolando Argueta, Presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), para poder garantizar el derecho a la salud y a la vida de los defensores que luchan por los derechos de la humanidad. 

“Se le has negado el derecho de acceso a la justicia por que se han interpuesto recurso de habeas corpus para saber cómo están los compañeros, pero no lo han respondido, aunque en la ley estipula que debe hacerse en menos de 24 horas”, evidenció el abogado defensor, Allan Alvarenga.

Además, el abogado también explicó, que es importante conocer cómo están los defensores de los bienes comunes y públicos, puesto que es realmente preocupante las condiciones precarias en las que están las cárceles del país, en especial la de Olanchito que pone en riesgo de que los defensores se contagien de coronavirus. 

 EL agua es vital para combatir el Coronavirus

“En  medio de la pandemia mundial, nunca ha estado más clara la importancia de defender el agua y los bienes comunes y públicos que nos sostienen.  A pesar de la lucha pacífica para proteger el agua que nace en el Parque Nacional Carlos Escaleras, y que abastece docenas de miles de personas en la región del Aguán, el Estado hondureño ha respondido criminalizando y castigando a los defensores del agua y promoviendo un proyecto minero ilegal que no tiene el consentimiento de la población local afectada”, sostuvó el Comité Municipal. 

Así mismo, dijeron que por tres semanas, la Corte de Apelaciones ha guardado un silencio irresponsable ante comunicaciones que se les han presentado para lograr la liberación inmediata de los defensores del agua, incluyendo una nueva solicitud de audiencia de revisión de medidas con el objetivo de revocar la prisión preventiva ilegal, y una manifestación pidiendo una pronta resolución a apelaciones pendientes.

En ambos casos, la Corte de Apelaciones tenía la responsabilidad de resolver mucho antes de que la actual crisis sanitaria comenzara y ahora, por no responder, la situación de los defensores es aún más vulnerable.

Como resultado de esta negligencia, los defensores están en una situación de mayor riesgo dentro del Centro Penal de Olanchito, por lo que responsabilizan al Poder Judicial de su bienestar, subrayó el comunicado público, emitido el jueves 19  de marzo.

De igual forma, anunciaron que es urgente que puedan gozar de una medida sustitutiva, y hasta la fecha la Corte de Apelaciones no ha cumplido con la debida diligencia y la priorización del trámite para garantizar su liberación inmediata. 

Instituciones estatales castigan a defensores

“Este caso muestra un claro patrón por parte de las instituciones estatales, desde el Ministerio Público al Sistema Penitenciario y al Poder Judicial, de castigar a quienes se atreven a hablar para proteger sus comunidades, sus vidas y los bienes comunes”, denunciaron.

Los antecedentes datan desde agosto de 2019, los defensores se presentaron de forma voluntaria ante la justicia hondureña para aclarar su situación legal, que se deriva de los actos que supuestamente ocurrieron cuando la compañía minera Inversiones Los Pinares y su seguridad privada trataron de desalojar ilegalmente un campamento local establecido para proteger las cuencas de agua locales.

Como resultado del intento de desalojo, testigos oculares vieron cuando un joven fue baleado por la seguridad de la empresa, hecho no investigado por las autoridades correspondientes, advirtió el equipo de defensa.

Detención ilegal

Como consecuencia de la audiencia inicial en agosto y septiembre de 2019, Lisseth Vallecillo, jueza que no tiene jurisdicción para conocer el caso, dictó auto formal de procesamiento por delitos que no requieren la medida cautelar de prisión preventiva.

Aun así, a solicitud del Ministerio Publico y la empresa minera, la juez Vallecillo dictó auto de prisión preventiva, sin argumentación sólida que determine la proporcionalidad de la privación de libertad, en contra del marco normativo, que establece que esta medida debería ser la excepción y  no la norma.

Además, a pesar de que no hay peligro de fuga ni de que se destruyan pruebas, se han rechazado las solicitudes de sustitución de la prisión preventiva y al mismo tiempo, el Poder Judicial no ha resuelto los diferentes recursos contra la juez por sus acciones arbitrarias. 

En el contexto de esta crisis sanitaria el Comité Municipal responsabiliza al Poder Judicial de lo que pueda suceder a los defensores  en relación con su vida y salud.

“Teniendo en cuenta que el Estado tiene la máxima responsabilidad sobre las personas que están bajo su custodia, en el caso de Guapinol, todavía es mayor porque están en prisión preventiva debido a la inutilidad de los recursos presentados ante las autoridades judiciales”, argumentaron.

Concluyeron instando al Poder Judicial a rectificar sus acciones de poner indebidamente en peligro la vida de los defensores de Guapinol y Sector San Pedro y exigieron que los liberen de forma inmediata.

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