Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- No hubo cambio de medidas para los ocho defensores de la comunidad de Guapinol y el sector San Pedro, quienes continuarán en prisión. Así lo decidió la jueza con Jurisdicción Nacional, Lizeth Vallecillo, en audiencia de revisión de medidas solicitada por el equipo defensor de los criminalizados.

Este mediodía, se conoció de la resolución, en una audiencia que debió realizarse ayer martes, tal y como estaba programada, pero que se pospuso porque no asistió el representante del Ministerio Público (MP), en calidad de acusador.

Afuera del edificio donde se llevó a cabo esta audiencia,, en la avenida La Paz, de la capital, fiel a lo que dicen sus pancartas, un grupo de pobladores y pobladoras permanecieron en apoyo a sus compañeros encarcelados, a pesar de las acciones de intimidación de personal de seguridad del Juzgado de Inquilinato, cuya instalación está a la par de donde se celebraba la audiencia.

Al mismo tiempo, llegaba un grupo de miembros policiales equipados con escudos y bombas lacrimógenas a donde se realizaba el plantón pacífico, previo al inicio de la audiencia. La defensa legal de los criminalizados, denunció que no se permitió el ingreso a la sala de audiencia a observadores nacionales e internacionales de derechos humanos.

La jueza, sin motivación alguna, no dejó entrar a observadores nacionales e internacionales de derechos humanos “no los iba a dejar entrar”, expresó sin ningún fundamento. Desde ahí nosotros creímos que ya era la crónica de una muerte anunciada. Por algo no quería que la gente observara lo que iba a pasar”, declaró Mario Rojas, uno de los abogados defensores.

La justicia hondureña ignoró diferentes comunicados por organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos, que llamaban a otorgar la medida contraria a prisión para los defensores de Guapinol.

El más reciente se emitió desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), exigiendo libertad para los defensores de Guapinol.

Justicia que cumple directrices

Rojas cuestionó la resolución de la jueza, ya que alegó que se corría el riesgo de un peligro de fuga si se otorgaba la libertad en favor de los defensores. El abogado recordó que, los criminalizados estuvieron a disposición de la justicia presentándose voluntariamente el juzgado de jurisdicción nacional de San pedro Sula y luego en Tegucigalpa.

Otro de los alegatos fue que se podría atentar contra el supuesto ofendido. Sin embargo, hace un año no se han presentado nuevos elementos investigativos, mucho menos nuevas denuncias por atentar contra quienes hoy les acusan, detalló el abogado Rojas.

Además, en la lectura de su resolución, la jueza habló que, en caso de cambiar la medida, corría el riesgo que los defensores volvieran a su organización, como si hablara de criminales, amplió el abogado.

“Nosotros vimos que la resolución ya venía prescrita, solo la leyó ella no tenía ni siquiera la actitud para escuchar nuestros argumentos. Cada vez que hablábamos juzgaba nuestra participación”.

Sobre la dilación para realizar esta audiencia, convocada para ayer martes, Mario Rojas definió como una cuestión de tiempo “para tener claro que hacer o no.

“Una vez mandada las directrices, pues el Ministerio Público se presenta. Ni siquiera fundamentó no hizo mayor aporte y que persistían los delitos”, añadió.

El integrante del equipo legal, anunció que presentarán en los próximos días el recurso de apelación a dicha resolución.

Seguidamente interpondrán un recurso de Habeas Corpus (Exhibición Personal) ya que consideran la detención como “ilegal” por no ser competencia de jurisdicción nacional la causa que mantiene a los defensores en prisión, porque los delitos no están dentro del catálogo de delitos con jurisdicción nacional.

Violentando su derecho a la inocencia, fueron enviados a una cárcel de máxima seguridad, donde solo llegan quienes han sido vencidos en juicio.

Los siete defensores fueron condenados a prisión, desde el pasado 01 de septiembre por la misma jueza. Luego de esta resolución, por una arbitrariedad del Instituto Nacional Penitenciario (INP), fueron trasladados a la Cárcel de máxima seguridad “La Tolva”, en Morocelí, departamento de El Paraíso.

Finalmente, tras una serie de acciones de denuncia por parte del equipo legal, se resolvió que estuvieran en prisión en el Centro Penal de Olanchito, en el departamento de Yoro.

Criminalizar es el mensaje

“Realmente lo que quieren es mandarnos el mensaje de que en Honduras es delito defender el agua y la vida”, mencionó Esly Banegas, defensora de los derechos humanos y lideresa social, quien estuvo presente en la audiencia.

Para Banegas, quien pertenece a la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA), a su vez integrante del Comité Municipal por la Defensa de los bienes Comunes y Públicos, esta resolución confirma la denunciado durante todo este proceso y es la “colusión entre los operadores de justicia que favorece los intereses de una minera”.

La defensa de los derechos humanos, del agua, el bosque y el territorio se criminaliza en el país, pero a nivel internacional se demanda el respeto a este accionar. senadores de EEUU manifiestan su preocupación por como se está judicializando a defensores.

Por “ordenes superiores” como se titula una obra del poeta hondureño José González, la criminalización por la defensa del agua y la vida en Guapinol y el sector San Pedro persiste, acompañada por campañas de desprestigio hacia organizaciones locales y hostigamiento a medios de comunicación que denuncian violaciones a derechos humanos en el departamento de Colón.

 

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