Tegucigalpa, Honduras (Conexión) .-  Luego de presentarse voluntariamente ante el sistema de justicia y posteriormente enviados a prisión desde el lunes anterior, siete defensores de la comunidad de Guapinol, uno ya fallecido y otro preso en La Ceiba, enfrentarán audiencia inicial este jueves 29 de agosto en San Pedro Sula.

Este escenario  obedece a un proceso de criminalización, iniciado por Inversiones Los Pinares S.A. por los delitos de incendio agravado, asociación ilícita, daños, usurpación y robo por lo que fueron enviados a prisión el pasado lunes.

Los nueve defensores acusados son: Porfirio Sorto José Abelino Cedillo, Kelvin Alejandro Romero, Arnold Javier Alemán, Ever Alexander Cedillo, Orbin Nahún Hernández y Daniel Márquez, quienes se encuentran recluidos en la penitenciaría Central “Marco Aurelio Soto, en la Penitenciaria Nacional “Marco Aurelio Soto”, en la aldea de Tamara, al norte del Distrito Central.

Completan la lista Jeremías Martínez Díaz, preso en  La Ceiba, Atlántida, desde diciembre 2018 y Antonio Martínez Ramos, fallecido hace tres años el 04 de abril de 2015 y cuya acusación no ha querido ser retirada por la parte acusadora.

El Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos denunció esta mañana “la falta de diligencia del Ministerio Público, quien criminaliza injustamente a las comunidades que defienden el Parque Nacional <<Carlos Escaleras Mejía>>”.

Frente al Ministerio Público de esta capital, el Comité Municipal junto a familiares de los criminalizados, mantienen un campamento pacífico para exigirle a dicho ente, el sobreseimiento de los cargos que se les imputa a los defensores de los ríos y el territorio.

Juana Zúniga, esposa de José Abelino Cedillo, acompaña el campamento, en demanda de justicia ya que defienden el medio ambiente y el agua como fuente de vida. “Sabemos que estamos en una dictadura donde quien lucha está encarcelado y el que comete los peores delitos está en libertad”.

En la comunidad de Guapinol, persiste un ambiente de miedo y hostigamiento militar, pormenorizó Zúniga. Para el Estado debería ser primordial proteger los ríos, pero lo que impera es la criminalización, aseguró.

“Entran y salen de nuestras comunidades y esto es lamentable que, por defender este recurso natural, nos estén demandando y hostigando; no podemos andar en libertad en nuestra comunidad”, sostuvo.

Entre febrero y marzo de este año, 12 defensores y una defensora de los bienes comunes y públicos, fueron sometidos a un proceso penal, siempre acusados por la empresa Inversiones Los Pinares S.A. Fue hasta la madrugada del 04 de marzo se les dictó sobreseimiento definitivo.

El abogado Edy Tábora, quien forma parte del equipo legal que defiende a los defensores criminalizados, expresó que el Ministerio Público debe investigar las diferentes dencunias por violaciones a derechos humanos contra la integridad de la comunidad de Guapinol, así como solicitar el sobreseimiento definitivo en esta causa, tal y como ocurrió en el pasado mes de marzo.

OMCT: Criminalización contra defensores nunca debió producirse

El Observatorio Para la Protección de Defensores, programa conjunto de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de derechos Humanos (FIDH), se pronunció en las últimas horas condenando el uso indebido del derecho penal contra quienes defienden derechos humanos en Honduras.

Este proceso de criminalización” nunca debería haberse producido”, aseveró la OMCT. De igual forma, evidencia la instrumentalización de estos juzgados y del sistema de justicia para criminalizar la defensa de derechos humanos.

Además, expuso que los procesos de criminalización hayan sido trasladados a un Juez con Jurisdicción Nacional, una instancia concebida para conocer casos de estructuras criminales en el país.

“El sobreseimiento dictado por el juez la madrugada del 4 de marzo de 2019 debe beneficiar al resto de imputados, incluyendo los 8 que se enfrentarán a audiencia a partir del 29 de agosto”, puntualizó la Organización.

De igual forma, instó a las autoridades hondureñas a poner fin a todo acto de hostigamiento en contra de las personas defensoras de derechos humanos en Honduras y, particularmente, a cesar en el uso indebido del derecho penal para controlar, neutralizar y castigar a las personas que ejercen el derecho a la resistencia en defensa de la tierra y el territorio.

Exigencias del Comité Municipal

 -        Que se garantice el debido proceso de los nueve defensores de los ríos San Pedro y Guapinol, tras el desplazamiento de la audiencia de Tegucigalpa a San Pedro Sula mañana a las 9 am. Tememos que no se produzcan las diligencias correspondientes para el desplazamiento de los siete detenidos de Tegucigalpa y el de la Ceiba al Juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pedro Sula para que puedan personarse en la audiencia.

 -        Su liberación inmediata y el sobreseimiento de todos los cargos, como ya se produjo en el precedente de los doce defensores medioambientales en febrero de 2019.

 -        Que el Estado hondureño revise la concesión de territorios protegidos al encontrarse en el núcleo del Parque Nacional Montaña de Botaderos a la empresa extractiva minera Los Pinares.

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