Tocoa, Colón (Conexihon).- De varios impactos de bala fue asesinado este miércoles, Roberto Antonio Argueta Tejada, de 45 años, una de las 32 personas criminalizadas por defender legítimamente los ríos San Pedro y Guapinol, en el departamento de Colón al norte de Honduras.

El hecho ocurrió a inmediaciones del hospital San Isidro, en la ciudad de Tocoa. La víctima tenía una orden de captura vinculado al caso Guapinol con número de expediente, 22-2019.

Argueta Tejada, de oficio transportista, se desplazaba a bordo de una camioneta Prado, gris, cuando fue interceptado por varios desconocidos a bordo de un vehículo turismo, que sin mediar palabra le dispararon en su pecho. Minutos después fue ingresado en el centro asistencial donde fue declarado oficialmente muerto.

Por su parte, el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos (CMDBCP) y la Coalición contra la Impunidad condenaron el asesinato y demandaron la investigación de los hechos.

A pesar de que el fallecido no pertenecía al movimiento CMDBCP, las organizaciones le ofrecieron representación legal para esclarecer los hechos sucedidos en agosto y septiembre de 2018, sin embargo, Argueta Tejada decidió voluntariamente no personarse ante la autoridad competente.

Captura de imagen de video. /Cortesía de Wenceslao Canales.

Militarización de Guapinol

El CMDBCP y la Coalición contra la Impunidad alertó sobre la presencia de un fuerte contingente militar y policial este miércoles 28 de agosto desde la 1:00 de la tarde. Las Fuerzas de Seguridad del Estado hondureñas han intentado entrar en el domicilio de uno de los defensores medioambientales que se encuentra bajo disposición judicial en la Penitenciaría Nacional de Támara desde el lunes 26 de agosto, tras presentarse voluntariamente por tercera vez ante el juez, con el único objetivo de demostrar su inocencia y la importancia de la defensa de los ríos.

El registro abusivo a los pobladores de la comunidad de Guapinol y e hostigamiento denunciado se produce horas después del traslado de la audiencia de los nueve defensores medioamebientales de Tegucigalpa a San Pedro Sula y del asesinato de Roberto Antonio Argueta Tejada.

Demandamos a los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos la solidaridad y observación ante la vulnerabilidad y amenaza de los defensores criminalizados y de la comunidad de Guapinol bajo el asedio de las Fuerzas de Seguridad del Estado hondureño.

Frente al aumento de la violencia de las últimas horas y el temor fundado de que no se produzcan las diligencias correspondientes para el desplazamiento de los siete detenidos de Tegucigalpa y La Ceiba al juzgado de Jurisdicción Nacional de San Pero Sula para que puedan personarse a la audiencia este jueves 29 de agosto a las 9:00 a.m., el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos, Familiares y organizaciones nacionales continuarán en el campamento pacífico frente la Ministerio Público de Tegucigalpa para exigir a esta institución una actuación objetiva, solicitando al Poder Judicial el sobreseimiento de los cargos contra los nueve defensores de derechos humanos.

Antecedentes:

  • Guapinol es una zona donde habitan 4, 500 pobladores. El lugar se transformó con el ruido de la maquinaria que llegó irrumpiendo la tranquilidad del poblado. La apertura de calles fue el primer movimiento que despertó las sospechas en los habitantes. Mientras, en la montaña, la empresa comenzaba a trabajar y tras hacer las consultas, la alerta movilizó a las comunidades.
  • El 1 de agosto de 2018, pobladores de comunidades del sector de Guapinol instalaron un campamento en protesta a las actividades de la empresa «Inversiones Los Pinares» que trabajaba en la apertura de una carretera hacia una zona del Parque Nacional Montaña de Botaderos donde se ubican dos concesiones mineras de la empresa Emco Mining Company S.A. de C.V., pasando a unos 20 metros del río Guapinol.
  • Según los pobladores, el arrastre de los sedimentos de la apertura de la carretera hizo que los sistemas de agua potable se llenaron de lodo. Además, pobladores de 13 comunidades del sector de San Pedro se sumaron a la protesta ya que la explotación minera está ubicada en la zona donde nace el río San Pedro, que les abastece de agua. Los pobladores consideran ilegal e injusta la autorización sin consulta de concesiones mineras en la zona núcleo de un área protegida donde nace el agua que usan para sobrevivir.
  • Lo anterior pese a que el Congreso Nacional declaró esa montaña como área protegida en el mes de agosto del 2012. En ese entonces, la zona tenía 23 mil 223 hectáreas, pero al año siguiente (2013), el propio Congreso Nacional modificó la cantidad de tierra con un nuevo decreto, emitido el 16 de diciembre del 2013. A la zona núcleo le quitaron 217.34 hectáreas. A los diputados no les importó otorgar el área protegida para que la minera explotara a sus anchas la montaña.
  • El 7 de septiembre de 2018, una persona resultó herida luego de ser atacada por un grupo de guardias contratados por la empresa «Inversiones Los Pinares», en el sitio en donde mantenían el campamento los pobladores de Guapinol y San Pedro.
  • El 27 de octubre de 2018, aproximadamente 1500 efectivos militares y policiales llevaron a cabo un desalojo violento del campamento.
  • El 21 de febrero de 2019, 13 de 18 personas de la comunidad de Guapinol se presentaron voluntariamente al juzgado de La Ceiba ante la orden de detención emitida en su contra por supuestos delitos de usurpación y daños contra la empresa “Inversiones Los Pinares” y el Estado de Honduras. Al presentarse al juzgado, las personas de la comunidad y sus abogados fueron sorprendidos con la existencia de una segunda solicitud de captura en contra de 31personas, dentro de las cuales, 12 de las 13 personas que se presentaron, que les acusaba por delitos adicionales, dentro de los que se encuentran privación injusta de la libertad, incendio agravado, robo y asociación ilícita. Ante esa situación, los abogados defensores interpusieron un recurso de recusación en contra del juez de La Ceiba y el caso fue trasladado a un juez de Jurisdicción Nacional con sede en Tegucigalpa.
  • Ese mismo mes el Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, Colón, presentó Recurso de Inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), contra el Decreto Legislativo 252 – 2013 que generó el conflicto en Guapinol, Tocoa, Colón.
  • Las 13 personas fueron trasladadas a Tegucigalpa con fuertes medidas de seguridad militar y policial. Al día siguiente, se celebró la audiencia donde el juez de Jurisdicción Nacional ordenó ilegalmente la detención judicial para 12 de las 13 personas, en virtud de que solamente una de las personas no estaba incluida en la segunda solicitud de detención./Fotografía de portada: Propiedad de Noticias y Mas
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