Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El nuevo Código Penal, contiene restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa, por su formulación pueden afectar el derecho a la protesta y a defender derechos humanos en el país, puesto que el código no se apega a los estándares internacionales.

Así lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos en Honduras (OACNUDH), en un comunicado de prensa emitido el reciente viernes 12 de julio.

Señalan que hay restricciones desproporcionadas a la libertad de expresión y de prensa, tipificando la “responsabilidad penal en delitos cometidos a través de medios de difusión”, por mantener la tipificación de los delitos de “injuria” y “calumnia”, del “concepto de publicidad” y “aprovechamiento de secreto o información privilegiada”, de los delitos de “espionaje” y de “desórdenes públicos”.

Sobre este último delito los organismos internacionales observan que podrían “indebidamente criminalizar conductas de ejercicio del derecho a la manifestación pacífica, así como podría afectar el ejercicio efectivo del derecho a la libertad de expresión”.

Criminalización de la libertad de reunión

Otras afectaciones es al ejercicio de la libertad de reunión pacífica y asociación, por la tipificación de los delitos de “reuniones y manifestaciones ilícitas”, de “asociación para delinquir”, “perturbación del orden” y de “asociación terrorista”.

“La noción de asociación terrorista tiene un alcance excesivamente amplio y podría llevar a la criminalización de una serie amplia de conductas que no merecen la calificación de terrorismo a la luz de la jurisprudencia internacional y de estándares de derechos humanos”, señalaron en el comunicado.

El delito de “tortura” excluye la comisión de dicho delito por particulares que actúan a instigación o con la aprobación de funcionarios públicos. De acuerdo con los estándares internacionales y regionales sobre la prohibición y prevención de la tortura, en la tipificación de dicho delito se debe prever la posible autoría de particulares que, a instigación de funcionarios o empleados públicos, instiguen o induzcan a su comisión, lo cometan directamente o sean cómplices.

Además este código limita los derechos de las mujeres penalizando el aborto en todas las circunstancias “resulta contrario a las obligaciones internacionales que tiene el Estado de respetar, proteger y garantizar los derechos de las mujeres a la vida, a la salud y a la integridad”, argumentan la CIDH y la OACNUDH.

Usurpación para criminalizar                                                                     

defensores de DDHH

El delito de usurpación -cuando quien con violencia o intimidación grave en las personas, ocupa un bien inmueble o usurpa un derecho real inmobiliario ajeno-, a los organismos internacionales les preocupa la falta de precisión.

El documento apunta que “los operadores de justicia de hacer un uso indebido de este tipo penal en perjuicio de las y los defensores de derechos humanos, tal y como la CIDH y OACNUDH han observado sobre la utilización de este delito en procesos de criminalización de personas defensoras de derechos humanos en Honduras”.

Finalmente, la CIDH y OACNUDH tomaron nota de la falta de transparencia y acceso a la información que se observó en algunas etapas claves del proceso de discusión del referido Código Penal en el Congreso Nacional, en detrimento de la participación de algunos sectores sociales. Lo anterior, en omisión a lo dispuesto en estándares internacionales y la normativa interna, particularmente en relación con la publicación de los dictámenes que estaban siendo discutidos en el pleno y la publicidad del cronograma de sesiones. 

Sin embargo el Congreso Nacional sostiene en un comunicado emitido el jueves 11 de julio que antes de su aprobación, el Código fue discutido en extensas jornadas de socialización con diferentes sectores de la sociedad.

El nuevo Código Penal entra en vigencia en el mes de noviembre y según organizaciones de derechos humanos en el país lo que prosigue para defender estos derechos es interponer los recursos de inconstitucionalidad.

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