Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Continúa la demora para la ejecución del Programa Nacional de Crédito Solidario para la Mujer Rural (CREDIMUJER), pese a que este se aprobó en el año 2015, denunciaron este miércoles organizaciones de mujeres campesinas y feministas en un plantón frente a la Secretaría de Finanzas (SEFIN), en la capital.

Tras cuatro años demandando la puesta en marcha de este proyecto, las organizaciones exigieron a la SEFIN, al Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banprovi) y a la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE), no postergar el cumplimiento de CREDIMUJER, cuya ley fue publicada en el Diario Oficial “La Gaceta” en 2015.

«Es inaceptable que después de cuatro años de su aprobación, el programa CREDIMUJER aún no se pone en marcha. Demandamos que la SEFIN, la Secretaría de Desarrollo Económico y Banhprovi dejen de tirarse la pelota y se pongan de acuerdo para agilizar los pasos que hacen falta para operativizar esta Ley que beneficiaría a las mujeres rurales de nuestro país», expuso Wendy Cruz, de la Vía Campesina.

En el plantón de protesta, las organizaciones campesinas y feministas hondureñas, exigieron a las tres instituciones la elaboración inmediata del contrato para un fideicomiso, que permitiría ejecutar 37 millones de lempiras asignados en agosto de 2018, mediante un acuerdo ejecutivo.

Por su parte, al titular de la Secretaría de Desarrollo Económico, Arnaldo Castillo, le instaron a cumplir con la instalación de la Unidad Técnica del programa CREDIMUJER, así como el cumplimiento de la implementación de su Reglamento, publicado en La Gaceta el 22 de mayo de 2018, bajo acuerdo ejecutivo 014-2018.

«Le recordamos al ministro Castillo, que fue el propio presidente de la República quien le ordenó operativizar los procesos para que el programa iniciara con su funcionamiento», añadió Cruz.

Por otra parte, las mujeres exigieron a la SEFIN el cumplimiento de los artículos incluidos en las Disposiciones Generales del Presupuesto, vinculados a etiquetar los recursos para fortalecer y ampliar las Unidades Especializadas de Investigación de Muertes Violentas y Femicidios en el Ministerio Público (MP), así como lo dirigido para crear Juzgados Especializados en Violencia Doméstica dentro del Poder Judicial.

De acuerdo con cifras de organizaciones de mujeres, 4,736 muertes violentas de mujeres y femicidios en el país se reportan en la última década, 769 ocurrieron en los últimos dos años.

Ante esta situación, las organizaciones señalaron que es urgente que el Estado cumpla con la asignación de los recursos, ya que el presupuesto es una de las principales limitantes para que las mujeres violentadas de sus derechos accedan a la justicia.

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