Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- De acuerdo con el Protocolo de actuación de la Policía Nacional para el control de multitudes, define que en las protestas, “cada jefe deberá asegurarse, que el personal a desplazar a la zona del conflicto sea enviado sin portar armas de fuego largas o cortas, o ningún instrumento letal”.

Sin embargo, la Policía Nacional y la Policía Militar del Orden Público han llegado a las manifestaciones en contra de la privatización de la salud y educación con armas de fuego y las han utilizado salvajemente en contra de los manifestantes.

El reciente miércoles 12 de junio en Villanueva, Cortés el maestro José Ramón Salinas fue víctima de la brutalidad policial que desalojaba violentamente a los manifestantes con bala viva y recibió un disparo en la espalda.

Este Viernes en Choluteca los policías arremetieron contra unos maestros que salieron a refugiarse en una tienda de una gasolinera, “están buscando la forma de como asfixiarnos y esto es prácticamente una masacre” dice la persona que está grabando el video.

Seguidamente tiraron gas lacrimógeno en la puerta y las personas empiezan a entrar en caos por los efectos del gas, desesperados claman que no abran la puerta, los vidrios quedan repletos de humo, después un policía intenta quemar un carro blanco que está en la gasolinera lugar altamente inflamable que pudo explotar e incendiarse.

Irracionalidad policial

La irracionalidad de las fuerzas de seguridad del Estado también obstruyó la labor informativa de los periodistas que se encontraban en la gasolinera y un bombero de ese establecimiento le lesionaron el pie con una bomba lacrimógena.

El Protocolo marca en la Unidad de Comunicaciones Estratégicas y Protocolo de la Policía Nacional estarán a cargo del manejo de los Medios de Comunicación, brindando la información que se considere pertinente con el objetivo de mantener a la población informada sobre el desarrollo del o los eventos. En aquellos lugares donde no haya personal de la Dirección Nacional de Unidades Especiales, se deberá hacer uso del recurso humano, logístico disponible con el fin de controlar las multitudes evitando ocasionar el menor daño posible, físico material.

Pero de lo que va de las manifestaciones más de 18 periodistas han resultado agredidos por realizar su labor informativa que ha sido obstaculizada con golpes, decomiso o destrucción de sus equipos de trabajo.

Además el inciso siete del protocolo apunta que” el jefe de la operación deberá tener mando y control para que el personal bajo su mando, no caiga en provocación por parte del grupo de manifestantes y evite el intercambio de objetos contusos que pueden lesionar a una persona”.

Balas y golpes

La universitaria Paola Pineda fue víctima de golpes por parte de los policías que intentaban detenerla arbitrariamente y decomisaron sus pertenencias, “la mujer –policía- me agarra del pelo y otro le dijo llévate esa hija de puta…, ahí hay tres policías esperando que me mueva para llevarme presa y yo no he hecho nada”, relató los momentos de terror que vivió la estudiante el miércoles anterior, en Tegucigalpa (lugar de la protesta).

El inciso ocho de la Dirección Policial de Investigaciones, para el levantamiento de los daños ocasionados por los manifestantes, serán responsables de la búsqueda y obtención de la información, identificación de líderes así como la detención de personas violentas o armas que pueden lesionar a personas involucradas o no en el evento y a miembros de nuestra Institución Policial.

Sin embargo ha quedado evidenciado que las mismas fuerzas de seguridad del Estado son las que están utilizando las armas de manera indiscriminada contra el pueblo y han detenido injustamente a los que exigen se respeten sus derechos humanos que claman por una vida digna, que ha dejado cuatro personas asesinadas en estas jornadas de protestas.

Estas son algunas de las razones por la cual la Plataforma por la Defensa de la Salud y Educación no se sienta a dialogar con el régimen de Juan Orlando Hernández ya que sus fuerzas de seguridad siguen reprimiendo y matando a la población y exigen no quede en impunidad las atrocidades que están cometiendo con la ciudadanía.

Honduras aún no ha adoptado una legislación integral para regular el uso de la fuerza por parte del personal policial y de seguridad. La Ley de policía y convivencia social establece que la fuerza letal sólo puede utilizarse cuando sea estrictamente inevitable y para proteger la vida, en los términos del marco interno

Antecedentes

Un informe del 2018 de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Honduras, señala que en país aún no ha adoptado una legislación integral para regular el uso de la fuerza por parte del personal policial y de seguridad.

Ademas, pide a las autoridades que restrinjan el uso de la policía militar y las fuerzas armadas y que regulen el uso de la fuerza por parte de todos los organismos y cuerpos de seguridad, de conformidad con las normas y estándares internacionales de derechos humanos. Se recomienda también que se lleven a cabo investigaciones rápidas, imparciales, independientes y transparentes de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos.

 “La situación de derechos humanos en Honduras, que ya es frágil y padece de altos niveles de violencia e inseguridad, probablemente se deteriorará aún más, a menos que haya una verdadera rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y se adopten reformas para abordar la profunda polarización política y social del país”, declaró el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein.

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