Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Desde las elecciones del 26 de noviembre de 2017 a la fecha, existe un aumento de violaciones a los derechos humanos en Honduras, denunció este lunes una Misión Internacional conformada por delegaciones de Estados Unidos y Canadá.

La Misión visitó distintas regiones de Honduras para testificar y documentar las denuncias de criminalización, militarización, violencia contra la prensa, impunidad y despojo de territorios que han derivado en violaciones a los derechos humanos.

En el marco de las elecciones en las que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), impuso en la presidencia al ilegalmente reelecto, Juan Orlando Hernández, existe un aumento en la criminalización contra la oposición política, defensores de derechos humanos, líderes indígenas y ambientalistas, expuso la Misión en conferencia de prensa.

De igual forma, denunció el incremento en los ataques hacia la prensa y la libertad de expresión; así como “varios señalamientos que vinculan a la administración en turno con severos casos de corrupción e impunidad”.

Las delegaciones que conforman la Misión Internacional de DDHH, son las organizaciones Alianza por la Justicia Global, la Voz de los de Abajo, Code Pink y Acción Permanente por la Paz, miembros de la Red de Solidaridad con Honduras de Norteamérica.

Salud de presos políticos es preocupante

En su visita a los tres presos por razones políticas, la Misión puntualizó que su encarcelamiento es “un castigo y un medio de intimidación a la población hondureña”.

La delegación corroboró el deteriorado estado de salud de Edwin Espinal, Raúl Álvarez y Gustavo Cáceres, detenidos durante las acciones de protesta, así como las consecuencias físicas, psicológicas y emocionales para los presos políticos y sus familias.

Espinal y Álvarez, están recluidos en la prisión de máxima seguridad “El pozo”, de Mororcelí, departamento de El Paraíso; y Cáceres se encuentra prisionero en el Centro Penal de El Progreso, Yoro. Ellos tienen más de un año privados de libertad por su trabajo como luchadores sociales y su oposición al régimen de Hernández.

Organizaciones como Amnistía Internacional (AI) y el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en honduras (COFADEH), han publicado informes en los que cuestionan las violaciones al debido proceso, al ser juzgados por instancias de jurisdicción nacional y en tribunales militares.

“Resaltamos la desaparición forzada de Manuel de Jesús Bautista Salvador, el 03 de diciembre del 2017 en la ciudad de Naco, Cortés, al norte de Honduras. Hasta el momento se desconoce su paradero”, destacó la Misión internacional de DDHH.

Libertad de expresión ¡En riesgo!

Tras el asesinato del periodista Gabriel Hernández, el pasado 17 de marzo, en el municipio de Nacaome, departamento de Valle, la Misión acompañó un plantón junto a la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos del Sur del país (REDEHSUR), en exigencia de justicia para que no quede en la impunidad este crimen.

Durante la visita -expuso la comitiva de defensores y defensoras- se produjo el allanamiento de Radio Globo por parte de miembros de la Tropa de Inteligencia y Grupo de Respuesta Especial de Seguridad (TIGRES), quienes dañaron las instalaciones físicas de la emisora y procedieron a la captura del director radial, David Romero, mientras transmitía la emisión de noticias.

“Al juicio de nuestros entrevistados, estos dos últimos ataques reflejan la situación de los derechos de prensa en Honduras”, acotó en el comunicado la Misión.

Cifras del estatal Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), hablan de un 92 por ciento de impunidad en las investigaciones que lleven a dar con los responsables de crímenes contra periodistas.

Amenazas por defender los bienes comunes y el territorio

La Misión Internacional recopiló casos de criminalización y violaciones a los derechos humanos de las comunidades indígenas y campesinas de Honduras. Para el caso, fue testigo de amenazas de desalojo, destrucción de sus sembradíos, intimidación y ataques físicos a quienes habitan la comunidad de Las Torres, en el departamento de La Paz.

Igualmente, mostró su preocupación por las recientes amenazas de muerte y violencia política contra grupos campesinos, miembros de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), en la zona.

En Tegucigalpa, gente de la comunidad indígena Lenca Tierra del Padre, conformada por 90 familias, que tomaron refugio en la Embajada de Taiwán, denunciaron ser objeto de ataques y amenazas. Existe el reporte el asesinato del señor Danilo Posadas, además que 11 personas enfrentan un proceso bajo cargos de usurpación.

“La comunidad nos mostró la copia de un título ancestral que les certifica como dueños de sus tierras desde 1739. La comunidad Tierra del Padre está en conflicto con el terrateniente Mario Facussé Handal, quien posee un título de propiedad de 2013”, tomó nota la delegación internacional.

Se reportó existe una orden de desalojo para el 10 de abril y la comunidad exige protección y la facilitación del gobierno para resolver el conflicto. Hasta el momento el Estado no ha escuchado sus peticiones. -Cabe señalar que, al suspender un orden de desalojo, los nueve manifestantes salieron ayer de la sede diplomática-. 

Conclusiones de la Misión

- Las conclusiones de nuestras visitas y entrevistas nos hacen notar la continuación de la crisis política en Honduras y la repercusión de los gobiernos de EEUU y Canadá, junto con sus intereses económicos, en Honduras.

- Nos preocupa que sea el gobierno de EEUU el que más apoyo económico, político y militar a un gobierno que permite la violación constante a los derechos humanos.

- Debido a lo anterior, congresistas de los EEUU han reintroducido al Congreso la Propuesta de ley por los Derechos Humanos en Honduras Berta Cáceres. Esta legislación suspenderá el financiamiento militar de los EEUU a las fuerzas de seguridad hondureñas y desalentará los préstamos multilaterales de los bancos de desarrollo hasta que el gobierno hondureño investigue y enjuicie a los militares y policías que han violado los derechos humanos.

- Nuestra misión publicará un informe lo más pronto posible con los resultados de nuestra visita y compartiremos nuestras observaciones con nuestros representantes en Congreso y el Parlamento, además de los medios de comunicación en nuestros países.

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