Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Menos del cuatro por ciento de los empleados públicos son personas con discapacidad, por lo que el Estado hondureño incumple el artículo 35 de la Ley de Equidad y Desarrollo Integral Para las Personas Con Discapacidad.


La organización de sociedad civil Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), presentó el pasado mes de febrero un boletín de monitoreo denominado “Empleo y discapacidad en Honduras” en el cual refleja la desprotección que sufren las personas con discapacidad por parte del gobierno en cuanto a empleo.


El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos estipula que toda persona tiene derecho al trabajo sin discriminación alguna, ello implica la inclusión de todo individuo sin condición o distinción alguna; el mismo artículo refiere que es deber del Estado proteger a todas las personas contra el desempleo.


Dicho boletín detalla que las personas con discapacidad en edad a trabajar se concentran mayoritariamente en el área rural con un 52.6 por ciento y en el área urbana con un 47.4, además se identificó que la población económicamente activa (PEA) con discapacidad, que registró un total de 118,301 de las cuales 59.4 por ciento eran hombres y el 40.6 mujeres, estos datos refuerzan la situación de la desventaja en la que se encuentran las mujeres en el país sin importar su condición con respeto a la obtención equitativa de plazas o puestos laborales.


Fanny Ramírez, persona en silla de ruedas, manifestó “soy estilista estoy viendo si trabajo en negocio propio, no es fácil conseguir empleo aunque tengamos habilidades para desempeñar cualquier empleo”.


De acuerdo con la Ley de Equidad, las entidades de la administración pública y las empresas de carácter privado están obligadas a contratar a un mínimo de personas con discapacidad de acuerdo a la cantidad de empleados que posean.


Estado incumple con la normativa


Según el registro del boletín la administración pública solo ha cumplido con el 3.65 por ciento de la responsabilidad para con el artículo 35 de la Ley de Equidad ya que de 9,447 personas con discapacitadas que deberían de estar contratadas solo hay 345. En cuanto a registros en la empresa privada se hace difícil determinar la situación laboral o identificar a las personas con discapacidad contratadas.


El director ejecutivo de la Coordinadora de Instituciones y Asociaciones de Rehabilitación de Honduras (CIARH), Mauricio Valladares, manifestó “La ley de equidad nos habla que las empresas privadas y públicas están obligas a contratar un número de personas con discapacidad en todas las áreas, exigimos el cumplimiento al artículo 35 de la ley de equidad la investigación arrojó que el Estado de acuerdo a su masa de empleados solo ha cumplido con el 3.34% sobre este artículo si quiere transitar de la practica a la ley entonces debe de aperturar el número de plazas para las personas con discapacidad”.


De su lado, Jaime Giménez, relató a Conexihon, “desde el 2000 padezco la enfermedad (Guillan Barre), antes trabajaba personal en carpintería, ahora no tengo ayuda de nadie, trabaje de seguridad y el gobierno da un bono de discapacidad al cual no soy beneficiario, no tengo hijos solo una hermana que es la que me ayuda económicamente, trabajé como guardia en una imprenta en la noche, yo aboné al IHSS mucho tiempo cuando trabajé en empresas privadas y cuando acudí al seguro social por mi enfermedad me dijeron que no aplicaba en mi caso el beneficio”.


Las cifras, datos y resultados que muestra la investigación se evidencia el poco interés del Estado en abordar esta problemática y consecuentemente mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas con discapacidad, son las conclusiones del documento.

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