Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- Las autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras UNAH, se negaron a facilitar información de las “más de 70 cámaras del edificio administrativo”,

al juez que lleva la causa de los 20 estudiantes criminalizados por la toma de ese edificio.

Luego de la captura de los 19 estudiantes universitarios y del periodista Ronnie Huete, las autoridades presentaron ante los medios de comunicación, varios vídeos editados  para justificar la criminalización y también fueron presentados como pruebas ante los jueces por parte del Ministerio Público (MP).

Por esa razón, los defensores de los y las estudiantes, presentaron una “solicitud de inspección ante el juez para ver los vídeos originales”. Sin embargo, al presentarse el juez a la máxima casa de estudios, fueron recibidos por empleados de baja categoría se negaron a dar información asegurando que ya se habían borrado.

“Nos personamos al edificio junto al juez y su secretaria para poder analizar la infraestructura y para poder ingresar a la sala de control de mando de las cámaras, que según informes que se tienen está en el onceavo piso, pero al llegar al edificio los encargados nos llevaron al sótano y nos improvisaron un cuarto donde supuestamente se dirigen las cámaras y cuando quisimos ver los vídeos dijeron que ya estaban borrados”, manifestó el abogado Mario Rojas.

El derecho de acceso a la información es un derecho fundamental protegido por el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, se trata de un derecho particularmente importante para la consolidación, el funcionamiento y la preservación de los sistemas democráticos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Cuando se trata de procesos de investigación por autoridades de Estado, tienen como objetivo fundamental establecer la verdad de los hechos de manera imparcial y objetiva. 

El artículo trece de la Convención Americana establece, “que Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección”.

Según el abogado Rojas, con esa negativa se nota la mala fe de las autoridades de la UNAH al no haber proporcionado ni siquiera con una orden judicial los vídeos de los hechos de ese día 25 de mayo.

El defensor reveló, “que tiene conocimiento que edificio administrativo cuenta con más 70 cámaras, por lo que los supuestos daños pudieron haberse captado por cualquiera de las cámaras y esos vídeos no fueron presentados”.

La visita del juez y los abogados fue atendida por un guardia de seguridad, pero después llamaron  a un ingeniero pero que en realidad no es ese su trabajo para explicar de una manera técnica los supuestos daños.

Autoridades de la UNAH tienen acusados a través del MP a 20 estudiantes detenidos el pasado 25 de mayo, acusados por los supuestos delitos de daños y privación ilegal de la libertad.

No existe sustento por parte del MP para probar los delitos

Conexihon tuvo conocimiento que en el juicio incoado contra los estudiantes, el MP pretende una condena sin presentar ninguna prueba, únicamente con la utilización de testigos protegidos, que han contradicho los vídeos editados presentados por la UNAH.

Según el abogado Rojas, “cuando se les consultó si habían guardias encapuchados  en el edificio, manifestaron que no y al ver los vídeos claramente se ve que hay guardias encapuchados, por lo que se pidió al MP que de oficio debía levantar requerimiento fiscal contra estos testigos protegidos por falso testimonio e igualmente hicimos ver la mala fe de las autoridades y que igual debería promover una responsabilidad de oficio contra las autoridades”.

Nos sorprende que a fiscalía se atiene a lo que le proporciona a UNAH, el MP tuvo que solicitar la totalidad de los vídeos y no acomodarse a un vídeo editado que les proporciona la Universidad, para el jurista está claro hay un abuso de autoridad y una negativa de información.

El hecho es que el juez tiene que establecer la verdad de los hechos, que sucedió ese día y al no proporcionar los vídeos queda en supuestos lo que sucedió y desde ese punto se podría pedir responsabilidad por obstrucción de la justicia, contra las autoridades universitarias.