GAIPE: Desde noviembre de 2015 se planificó asesinato contra Berta Cáceres

GAIPE: Desde noviembre de 2015 se planificó asesinato contra Berta Cáceres

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- El asesinato ocurrido contra Berta Cáceres fue planificado desde noviembre de 2015, es una de las conclusiones del informe presentado este martes por el Grupo Asesor de Personas Expertas (GAIPE).

En el informe "Represa de violencia: El plan que asesinó a Berta Cáceres”, publicado ayer en Tegucigalpa, se detalló que el periodo de tiempo en que se planeó el crimen contra la lideresa del pueblo Lenca, coincide con una serie de movilizaciones del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) -que ella coordinaba-  y de las comunidades que actuaban en oposición al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”.

Asimismo, estableció la participación de directivos, gerentes y empleados de la empresa Desarrollos Energéticos S.A (DESA), de agentes estatales y de estructuras paralelas a las fuerzas de seguridad del Estado, en el hecho que terminó con la vida de la ambientalista reconocida a nivel mundial.

Berta Cáceres Flores, fue asesinada el 02 de marzo de 2016, en la residencial “El Libano”, de La Esperanza, en el departamento de Intibucá, occidente de Honduras.

Al inicio de las investigaciones en torno a ese caso, las autoridades nacionales atribuyeron el hecho a un crimen pasional o por conflictos de intereses dentro de COPINH,  organización que Cáceres cofundó en 1993, lo que para el GAIPE “carece de fundamento”.

La presentación del informe fue acompañada por la madre de Berta Cáceres, Austraberta Flores, sus hijas Olivia Marcela, Laura y Berta Zúniga Cáceres (actual coordinadora del COPINH) así como sus hermanos Adán, Roberto y Agustina; por último una amplia representación del COPINH y específicamente de la comunidad de Rio Blanco.

El GAIPE está conformado por Roxana Altholz, Daniel R. Saxon, de nacionalidad estadounidense, Miguel Angel Urbina de Guatemala, Jorge E. Molano y Liliana María Uribe de Colombia.

Este grupo surge con el apoyo de organizaciones como el Centro Por la Justicia y el Derecho internacional (CEJIL), el propio COPINH, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) y la familia de Berta Cáceres, ante la negativa del Estado hondureño de aceptar colaboración de instancias internacionales para participar en la investigación que se lleva en torno al asesinato de la lideresa indígena lenca.

“DESA, esa empresa”

En el informe, el Grupo de Expertos evidencia una serie de estrategias que llevaron a cabo socios, directivos, personal gerencial y operativo de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA), de empresas de seguridad al servicio de la misma y  funcionarios públicos, con el objetivo de violentar el derecho a la consulta previa, libre e informada al pueblo lenca.

“La estrategia, tenía por objeto controlar, neutralizar y eliminar cualquier oposición”, detalla el informe.

Parte de esa estrategia se conformó de campañas de desprestigio, infiltración, amenazas y sabotaje al equipo de comunicaciones del COPINH, pormenorizó el GAIPE.

En tanto la Secretaría de Seguridad, de acuerdo al informe del Grupo de juristas internacionales, jugó un “doble rol” al destinar recursos y personal para la protección de las instalaciones del proyecto “Agua Zarca”; y, por otro lado, la omisión de proteger a Berta Cáceres, quién incluso, gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el alto riesgo contra su vida.

Con respecto a esas medidas, el propio titular de la Secretaría de seguridad, Julián Pacheco, reconoció no haberles dado el cumplimiento debido.

En cuanto a los distintos financistas del proyecto hidroeléctrico, como ser el Banco  Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco de Desarrollo Holandés (FMO), y el FinnFund, el GAIPE en su informe establece una actitud “negligente”, ya que conocían de las acciones emprendidas por DESA. Sin embargo, no adoptaron una postura de respeto por los derechos humanos hacia las comunidades afectadas ni para garantizar la vida de Berta Cáceres.

Un Ministerio Público que oculta información

“El Ministerio Público ha impedido la participación oportuna y diligente de los acusadores privados, al declarar la reserva del expediente”, es otro de los puntos que resalta el informe presentado por el GAIPE.

Esto da lugar, de acuerdo con la investigación, a la limitación de acceso a documentos, diligencias y pruebas conducentes a identificar, procesar y juzgar a otros autores materiales e intelectuales por el asesinato contra Berta Cáceres y la tentativa en perjuicio de Gustavo Castro, defensor de los derechos humanos que acompañaba a Berta Cáceres el 02 de marzo, cuando llegó a facilitar unas capacitaciones al COPINH.

En el proceso penal que se le sigue a ocho supuestos implicados en el asesinato contra Bertita, entre ellos dos militares y un empleado de DESA, la audiencia preliminar ha sido pospuesta por más de tres ocasiones, a raíz que los abogados privados del caso, aún no tienen  la información pertinente del caso.

La no entrega de la información incide en la impunidad de ataques criminales contra las y los integrantes del COPINH y de las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico “Agua Zarca”, sentencia el GAIPE.

Algunas conclusiones y recomendaciones

  • Se constata la existencia de una red criminal, compuesta por directivos y empleados de la empresa DESA, agentes estatales y sicarios con niveles de responsabilidad en el asesinato de Berta Cáceres. A su vez, es posible establecer la consumación de otras conductas delictivas previstas en la legislación hondureña como: asociación ilícita, conspiración para delinquir, encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad.
  •  Los agentes a cargo de la investigación no han seguido las normas sobre debida diligencia e investigado exhaustiva para procesar, juzgar y sancionar a todas las personas responsables del asesinato de Berta Isabel Cáceres Flores y la tentativa de asesinato de Gustavo Castro Soto. Pese a que ocho personas han sido sindicados como autores materiales del asesinato, El Ministerio Público no ha mostrado avances en relación a las autorías intelectuales, pese a que cuenta con evidencia suficiente para impulsar nuevas líneas de investigación.
  • El GAIPE también resalta el rol de las financiadoras internacionales, que, pese a que contaban con información previa sobre la actuación de DESA y su conducta represiva hacia las comunidades, omitió estas informaciones en función de mantener su respaldo hacia la concesión.

Foto: Red Nacional de Defensoras de derechos Humanos en Honduras.