Derechos Humanos de familiares de privados y privadas de libertad

Derechos Humanos de familiares de privados y privadas de libertad

Por Anarella Vélez Osejo*

No hay camino sencillo hacia la libertad en ninguna parte y muchos de nosotros tendremos que pasar a través del valle de la muerte una y otra vez antes de alcanzar la cima de la montaña de nuestros deseos.

Nelson Mandela.

Son los familiares de las y los privados de libertad quienes luchan día a día por sus seres queridos, se enfrentan a la difícil situación de ellas y ellos, con la esperanza de que sus penas se cumplan en el marco del respeto a su dignidad, tanto del colectivo y como de las individualidades. 

La atención con calidad y calidez a cualquier usuario de los servicios públicos debe ser la característica de los Estados que buscan el buen gobierno. Esta práctica debe observarse en especial con los familiares de las personas encartadas. Este procedimiento es garantido por todos los tratados internacionales en vigor los cuales obligan a los países parte a su cumplimiento. Sin embargo, los derechos de las familias de los confinados en las cárceles de Honduras están siendo desconocidos en los últimos meses.

Como parte de un proceso de supuesta mejora de las condiciones de seguridad en las penitenciarías de Honduras, a partir de octubre de 2017,  entró en vigor la   exigencia de un carné  para las familias y allegados de los penados. Para obtener el carné se tiene que cumplir con una serie de requisitos que son inalcanzables para muchas de las familias de los privados. Este procedimiento es oneroso tanto por su costo monetario como por el desplazamiento y el tiempo necesarios para  lograr los mismos. 

De acuerdo con el artículo 87 de nuestra Constitución las cárceles son establecimientos para procurar la rehabilitación del recluido y su preparación para el trabajo y según el artículo 260 del Reglamento General de la Ley del Sistema Penitenciario Nacional, las personas recluidas recibirán visitas para mantener y fortalecer los vínculos con la familia, allegados y la comunidad y así garantizar su inserción en el mundo productivo una vez cumplidas sus condenas. 

Es esencial tener presente que las penas privativas de libertad tienen como finalidad esencial la reforma, la readaptación social y la rehabilitación personal de los condenados,  así mismo se persigue la resocialización y reintegración familiar. El Estado se ha comprometido a respetar y garantizar los derechos de todas las personas privadas de libertad, ello implica cuidar de las visitas de familiares y allegados de los reclusos. 

Es obligación de los funcionarios públicos y sobre todo de los penitenciarios el brindar la mejor atención a los usuarios, léase a los detenidos y sus familiares, pues las personas que están detenidas se encuentran en una situación de vulnerabilidad y el trabajo de los funcionarios penitenciarios debe estar encaminado a cumplir con las normativas internacionales y nacionales para mejorar la situación de la población penada. 

El Instituto Nacional Penitenciario,  INP,  deviene obligado a colaborar con la rehabilitación de las personas privadas de libertad, facilitando la unión familiar. La derogación de  la exigencia del carné para la visita de los privados de libertad es una medida que se debe considerar con urgencia para hacer primar el principio que rige la normativa del INP. 

* Poeta, Historiadora, Feminista, Catedrática Universitaria y Gestora Cultural.