San José, Costa Rica (Conexihon).- El Centro por la Justicia y el Derechos Internacional (CEJIL), exigió este martes al Estado hondureño que cese la criminalización contra defensores y defensoras en el país, ya que “contribuye a generar impunidad para quienes perpetran violencia en su contra”.
De igual forma, CEJIL mostró su preocupación por el asesinato, ayer lunes, contra Salomón Matute y su hijo Juan Samael Matute, ambos líderes indígenas del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ) en la tribu de San Francisco Locomapa, en el departamento de Yoro.
Su situación de riesgo ya había sido informada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que otorgó la medida cautelar MC-416/13 a 18 miembros del MADJ y sus familiares en 2013, entre ellos Salomón Matute.
- Ver: Medida Cautelar de la CIDH, Click aquí.
A esto se suma la continuada criminalización de quienes ejercen su derecho a la defensa de derechos humanos y del ambiente contra el proyecto extractivista instalado en la comunidad de Guapinol.
En la madrugada del domingo, 11 defensores y una defensora de Guapinol, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón, se les dictó prisión preventiva, luego de un proceso penal iniciado por la defensa de una fuente de agua en la comunidad en mención, en la que se instaló un proyecto minero por parte de Inversiones Los Pinares, quien inició dichos procesos de criminalización.
“Es inadmisible que la defensa de derechos humanos sea sinónimo de estigmatización y muerte”, aseguró en su comunicado la organización internacional.
Distintos informes dan cuenta del riesgo para quienes ejercen procesos de resistencia a los llamados “proyectos de desarrollo”, cuya consecuencia, considerada “la más grave” es el asesinato de defensores y defensoras de los bienes comunes, indicó CEJIL.
De acuerdo con cifras de Global Witness, en su informa Honduras: El lugar más peligroso para defender el planeta, presentado en el país en enero de 2017, más de 123 activistas han sido asesinados por su defensa de bienes comunes y el territorio.
Mientras que el Relator Especial para personas defensoras de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas, Michel Forst, señaló en su informe sobre la situación de los defensores en Honduras que “La criminalización de la defensa de los derechos humanos y la amenaza de su uso es una práctica generalizada, que afecta en particular a los que defienden la tierra, el medio ambiente, los derechos civiles y políticos, y los que denuncian e informan sobre las irregularidades o violaciones del Estado y de las empresas”.
“Nos solidarizamos con las personas defensoras que, en ejercicio de su derecho a defender derechos, han resultado vulneradas. Su rol es fundamental para el desarrollo de una democracia plena, en donde todos y todas podamos gozar en igualdad de condiciones de nuestros derechos”, puntualizó CEJIL en su comunicado.
