sábado, marzo 23, 2024
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Reforma Inconstitucional de Ley Orgánica en 2013, permitió reelección de Julieta Castellanos

Tegucigalpa, Honduras (Conexihon).- La aprobación de la última reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), en el año 2013, contiene vicios de forma al momento de

su aprobación, de acuerdo a una investigación hecha por el Comité por la Libre Expresión (C-Libre).

El acta número nueve, de la sesión legislativa con fecha 18 de marzo de 2013, establece que la sesión fue iniciada a las 11:00 a.m. por el Presidente del Congreso Nacional en ese momento el señor Juan Orlando Hernández anunciando como principal punto de agenda la presentación de la primera iniciativa de ley ciudadana permitida por la recién creada Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana (Decreto No. 190-2012), vigente desde el 13 de marzo de 2013.

Un grupo de miembros de la UNAH, encabezadas por Belinda Flores, en ese entonces Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, María Antonia Navarro y otros vicerrectores, directores de centros regionales, docentes y estudiantes de excelencia académica, además de organizaciones de sociedad civil, éstos presentaron la iniciativa ciudadana que condujo a la reforma de ocho artículos y la interpretación del artículo 08, inciso b) de la ley orgánica aprobada en 2005 y actualmente vigente. Esto permitió el control de los órganos de gobierno de la UNAH por parte de las actuales autoridades y la reelección de la Rectora Julieta Castellanos.

Inmediatamente se incorporó a la agenda de la sesión, se nombró la Comisión Dictaminadora y se decidió enviar al Registro Nacional de las Personas (RNP) para que en un plazo no mayor a 15 días verificará la autenticidad de las firmas y el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para verificar  los datos de las y los ciudadanos que firmaron la iniciativa, tal como la manda el artículo 5 el decreto 190-2012.

La Comisión Dictaminadora, que nombró el entonces titular del Congreso Nacional (CN), Juan Orlando Hernández, la encabezaron los siguientes diputados y diputadas: Claudio Perdomo (quien presidía), Gladys Aurora López, Yani Roshental Hidalgo, Augusto Cruz Asencio, Arturo Suarez Moya, Luis Rigoberto Santos, Miguel Fernando Ruiz, Rigoberto Chang Castillo y por ultimo Agapito Rodríguez Escobar.

En la continuación de la sesión, el 19 de marzo de 2013, a las 11 de la mañana como muestra el acta, se abordó la contestación del Registro Nacional de las Personas (RNP) a la solicitud de revisar las firmas que sustentaron la iniciativa ciudadana presentada para la reforma a la Ley Orgánica de la UNAH.

En una nota enviada al Secretaria de la Junta Directiva del Poder Legislativo cuyo titular en ese momento era Rigoberto Chang Castillo, el RNP establece que en miras de buscar la forma más efectiva para validar las firmas fue tener una muestra de 3200 firmas.

Continua el escrito presentado por el titular del Registro Nacional, Jorge Arturo Reina García, que existía una gran limitante  en cuanto a la calidad de la tinta, el papel que se utilizaron para levantar dichas firmas y con ello colocar elementos que impedían hacer uso de ellas. Solamente hicieron cotejo con el número de identidad, acompañado de los datos personales y la firma.

Es por ello que de un total de 13 809 firmas y huellas que envió el Congreso Nacional al RNP, solo 3144 coincidieron en los datos que acompañaron la huella.

El diputado Juan Orlando Hernández, también Presidente del Congreso Nacional presentó una moción para la dispensa de debates, la cual fue admitida. Para el único debate se incorporaron  com parlamentarios con vos a la señora Rutilia Calderón, Vicerectora de la UNAH; Belinda Flores, Secretaria del Consejo Universitario; Pablo Carías, docente; María Antonia Navarro, Directora del Centro Universitario Regional del Litoral Atlántico (CURLA), entre otros.

La Reforma fue aprobada por el Pleno del Congreso Nacional, sin embargo implicó una violación al proceso de creación de la Ley, y por lo tanto un vicio de inconstitucionalidad pues se omitió el requisito de la verificación de datos de las y los ciudadanos que firmaron la iniciativa por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), esto según el acta de la sesión e información obtenida por C-Libre en ésta institución estatal.

La característica principal de esta Ley, es que las iniciativas ciudadanas son precisamente generadas desde la ciudadanía en general y quien la presentó  en este caso fueron son funcionarios públicos, en este caso un grupo de autoridades universitarias, expuso el director de C-Libre, Edy Tábora en una entrevista para este medio.

“Existe una violación al proceso de creación de la ley, pues se omitió uno de los requisito de las iniciativas de ley como lo manda el articulo cinco de la Ley de Mecanismos de Participación Ciudadana. Tenemos una reforma a la ley orgánica con un vicio constitucional en la forma que implicaría una inconstitucionalidad del decreto 46-2013 que dio paso a dicha reforma”, detalló Tábora.

Esta reforma, desencadenó el rechazo de los distintos sectores estudiantiles que van desde las asociaciones de carrera hasta los centros regionales, por considerar un nuevo intento de desconocer la autonomía que tiene este sector para elegir sus representantes tanto a instancias de gobierno universitario (Consejo Universitario) y gobierno estudiantil.

Además, favoreció los intereses de reelección de las actuales autoridades universitarias, encabezadas por Julieta Castellanos, amparándose que en ese año, la mayoría de puestos de dirección quedarían acéfalos y es facultad del Consejo Universitario y de la Junta de Dirección Universitaria (JDU) nombrarlos. Con la reforma hasta la rectoría puede ejercer este papel.

En la actualidad, el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU), en un punto de su propuesta para solventar la crisis que enfrenta la UNAH es la derogación del artículo ocho, inciso b), que cierra la elección propia del estudiantado para que sus representantes tengan voz y voto en el máximo órgano de decisión de la máxima casa de estudios.

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