San José, Costa Rica (Conexihon).- El Estado de Honduras continua en la negativa de restituir a los jueces y magistrada despedidos en 2009, denunció el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL),
en la primera audiencia para revisar el cumplimiento de la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), celebrada el pasado 10 de febrero.
Las autoridades hondureñas ya habían hecho pública a través de un comunicado de prensa en octubre del año pasado que el Poder judicial no puede restituir a los jueces Guillermo López Lone, Luis Chevez de la Rocha, Ramón Enrique Barrios y la magistrada Tirza Flores Lanza por falta de plazas acordes a los que desempeñaban, tras ser despedidos por hacer público su rechazo al Golpe de Estado del 28 de junio de 2009.
Contrario a lo que dispone la sentencia del organismo interamericano, emitida el 05 de octubre de 2015, las autoridades hondureñas propusieron una reparación económica alterna “al no contar con puestos laborales que sean afines a los parámetros estipulados en la Sentencia”.
En la audiencia ante la Corte IDH, la directora para Centroamérica y México de CEJIL, Marcia Aguiluz, aseguró que existen opciones reales para la reincorporación a sus puestos de los jueces y la magistrada, pero las autoridades no tienen la voluntad de hacerlo”.
Según información del Estado hondureño que replicó CEJIL, en los últimos ocho años, el Poder Judicial creó 89 plazas para jueces y juezas, cinco de ellas en San Pedro Sula; ciudad donde residen López Lone y Flores Lanza.
Además existe un el Plan Anual Operativo de este poder estatal prevé la creación de dos tribunales nuevos, salas en cinco ciudades del país y la ampliación de juzgados de letras en cinco ciudades del país.
Cabe señalar que al cumplirse un año de la sentencia de la Corte IDH, desde la asociación de Jueces por la democracia (AJD), la que pertenecen los hoy perjudicados y perjudicada, lanzó la campaña “Un Golpe de Justicia” con el objetivo de lograr su incorporación a sus cargos.
No existe disposición por parte del Estado
Tirza Flores Lanza, una de las afectadas mencionó que esta acción en su contra no es solo personal sino que tiene un carácter institucional.
“El mensaje que se da al no reintegrarnos es muy pernicioso, porque permite que los jueces sientan que deben ser sumisos y dependientes de las altas autoridades”, dijo la magistrada de la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, cargo que ostentaba hasta su despido.
Mientras que Guillermo López Lone, catalogó como “revictimizante” el proceso de negativa a restituirles y se mostró alarmado ante la falta del Estado hondureño para dialogar.
En la audiencia se solicitó a la Corte Interamericana emitir una resolución que manifieste el incumplimiento por parte del Estado y que ordene, en el menor plazo posible, la reincorporación del juez y la magistrada a sus cargos.
