Tegucigalpa (Conexihon).- La Comisionada del Mecanismo Nacional de Prevención de Tortura MNP-CONAPREV, Glenda Ayala denunció injerencia administrativa para realizar el trabajo, como representante de la
Sociedad Civil ante el organismo defensor de los derechos humanos.
La comisionada se quejó que tiene que pedir permiso a la administración, del ente estatal para poder hacer uso de la logística necesaria, para realizar las visitas a los diferentes centros de detención del país.
Según la Ley los comisionados ejercen su labor con independencia y están por encima de cualquier instancia administrativa u operativa de la institución.
El mandato del MNP-CONAPREV, “es examinar periódicamente el trato de personas privadas de libertad en lugares de detención, con miras a fortalecer la protección contra la tortura y otros tratos crueles inhumanos o degradantes, emitir recomendaciones, propuestas de ley”.
A la denuncia se sumó la Subdirectora del Centro de Prevención Tratamiento y Rehabilitación de Victimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT), Alba Mejía, quien cuestionó el nombramiento de políticos y no de defensores, en representación del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo.
Defensores de derechos humanos, han cuestionado que la institución se ha convertido en un espacio para colocar figuras políticas que nada tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, en los más altos cargos como en niveles intermedios.
De un presupuesto de más de nueve millones de lempiras, la mayor parte se destina al pago de salarios del personal que realiza labores administrativas en su mayoría. La institución carece de personal que realice labores de campo.
La Ley del MNP-CONAPREV establece que las máximas autoridades serán un Comisionado de nombrado por el ejecutivo, otro por el legislativo y un representante de la sociedad civil.
Mejía recordó que la institución fue creada como una demanda del CPTRT, con el fin de garantizar el respeto a la integridad física y sicológica de las personas privadas de libertad, en cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Honduras como Parte de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles Inhumanos o Degradantes y del Protocolo Facultativo de ésta Convención.
La defensora criticó que los representantes del poder público en CONAPREV, son colocados sin ninguna oposición y anunció una lucha para que en el futuro sean sometidos a concurso público los nombramientos.
La experta en temas penitenciarios, anunció que solicitarán una reforma de la Ley del CONAPREV orientada a que las personas nombradas en esos cargos respondan a los intereses de la sociedad.
En ese sentido, la Alianza por los Derechos Humanos (ADH), anunció el respaldo unánime a la representante de la sociedad civil.
Honduras cuenta con una población penitenciaria que supera las 17 mil personas, según informes del CPTRT.
